El desafío de los movimientos migratorios en América Latina y el Caribe

En el post de esta semana os traemos un artículo de carácter político relacionado con las migraciones de América Latina y el Caribe. Los autores jesuitas nos explican las causas de estos flujos migratorios entre países fronterizos, como lo serían México y EEUU, Haití y la República Dominicana o Colombia y Venezuela (en relación a este último, os invitamos a leer “Venezuela, la miseria del Rey Midas”, un artículo que también habla sobre el por qué de estos movimientos migratorios en relación a la situación política, económica y social del país).

Al final, Mauricio García Durán S.I. y Gina Paola Sánchez González plantean una pregunta de lo más interesante: ¿y si empezamos a pensar en esas mismas fronteras como puentes de interacción que permitan la formación de «sujetos transfronterizos», abiertos a las dinámicas interculturales, protagonistas de su territorio y que contribuyan a una sociedad justa, inclusiva y fraterna?

Mauricio García Durán S.I. y Gina Paola Sánchez González

En los últimos años la cuestión de las migraciones se está imponiendo en todo el mundo con mucha fuerza, como una realidad crítica que hace emerger desafíos importantes para los gobiernos nacionales, para las sociedades y sus organizaciones y para las instituciones internacionales.[1] Las dinámicas de la globalización han generado una situación paradójica: frente a una notable apertura de las fronteras nacionales para el tránsito de mercancías y recursos, tutelado por acuerdos económicos y tratados de libre comercio, asistimos en las mismas áreas a un rígido cierre del tránsito de personas.

Nos encontramos, pues, en una situación global en la que los flujos económicos son libres y están protegidos por acuerdos económicos internacionales, mientras que los flujos migratorios no están protegidos: más aún, son vulnerables y están sometidos a una infinidad de políticas de seguridad restrictivas que atentan contra los derechos humanos.

Ante todo, es importante aclarar que «los procesos migratorios tienen su origen en múltiples causas y explicaciones. Algunas personas migran por una diferencia salarial entre el país de destino y el de origen […]. Hay otros factores que pueden desempeñar un rol importante, como pueden ser la mala gobernanza, deficientes servicios públicos, escasas expectativas de mejora personal y social, los factores ambientales, la violencia y los conflictos internos».[2]

Para subrayar la distinción de causas se suele hablar a nivel teórico de «migraciones» y de «migraciones forzadas», como si se tratara de dos fenómenos separados. No obstante, en la práctica resulta evidente que la diferencia entre las primeras y las segundas es cada vez más sutil y que los dos fenómenos suelen mezclarse.

Para tener una idea de conjunto del estado actual de las «migraciones forzadas», el informe Tendencias Globales, publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),[3] nos muestra que, a pesar de los límites y restricciones, en los últimos años las cifras globales relativas a desplazados y refugiados están creciendo rápidamente, hasta tal punto que en 2015 se registró un total de 65,3 millones de personas obligadas a desplazarse de su lugar de origen, ya sea para permanecer dentro del mismo país o para marcharse a otro: un incremento de más de 5 millones de personas con respecto a 2014.

Sin duda, estas cifras guardan relación directa con la crisis en la que se encuentra Oriente Medio y que ha generado un flujo migratorio importante hacia Europa, pero indican también que los flujos ya existentes se mantienen constantes o incluso aumentan.

Entre estos queremos centrar la atención en los flujos migratorios en América Latina y en el Caribe, así como en las respuestas dadas por los gobiernos dentro de los procesos de globalización vividos en el continente.

La frontera México-Estados Unidos y el «Triángulo Norte»

Por lo que respecta a América Latina, es sabido que un flujo histórico muy consistente es el de la población mexicana hacia Estados Unidos. Tanto es así que, en 2012, el número de mexicanos en EE.UU. ascendía a más de 33 millones de personas.[4] A esta cifra se ha llegado por una multiplicidad de causas, entre ellas la situación económica, el tráfico de drogas, la constante amenaza de violencia y las condiciones salariales. En una visión retrospectiva e histórica, el flujo migratorio se ha visto influido también por una definición de las fronteras entre los países, que no responde necesariamente a las dinámicas culturales, sociales y también económicas de la población que vivía y vive cerca de las fronteras.

Es importante subrayar que, si bien la tendencia mexicana se mantiene constante, según la última investigación de la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe, publicada en un informe de OBIMID,[5] la situación más crítica en este momento tiene que ver con la creciente migración proveniente del denominado «Triángulo Norte».[6] En una consideración más detallada, resulta alarmante el hecho de que gran parte de estos migrantes esté representado por niños, niñas y adolescentes. Según el citado estudio, entre enero y noviembre de 2014 estaban retenidos en México un total de 21 547 niños, niñas y adolescentes migrantes, un 178 % más que en el mismo período de 2013; el 43 % de ellos eran hondureños, el 34 % guatemaltecos, y el 22 % salvadoreños.[7]

Es sabido que el «corredor» centroamericano tiene una gran importancia económica para América del Norte, y que a través de esta región transitan grandes flujos de mercancías que alimentan la economía del continente. Pero, así como la ruta se ha afirmado para el tránsito legal de mercancías, así también se ha hecho de pronto igualmente importante para el tráfico de drogas, para la trata de personas y para las actividades ilegales en general. A causa de esta ambigüedad del «corredor», cuestiones abiertas como las de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo por parte de Estados Unidos han dado inicio a una serie de políticas de seguridad, como la llamada «política de “frontera extendida” en el Triángulo Norte». Se trata de intervenciones que no responden a las necesidades de los migrantes, sino que, más bien, amenazan sus derechos fundamentales, generan mecanismos de control más persuasivos y los obligan a buscar vías alternativas, a menudo desconocidas y, por tanto, más peligrosas.

El Caribe: el flujo de los haitianos

Sin olvidar los otros flujos, en esta área geográfica predomina el que va de Haití a la República Dominicana, un movimiento histórico producido por catástrofes naturales y por las condiciones políticas y económicas de Haití. En los últimos años este flujo ha alcanzado cifras considerables que han hecho de él una prioridad para varias organizaciones no gubernamentales que operan en la región. En efecto, se estima que en 2012 los migrantes haitianos en la República Dominicana representaban el 87 % de todos los migrantes presentes en el país,[8] la inmensa mayoría de los cuales eran irregulares.

Pero, aparte de las dimensiones, el flujo migratorio haitiano ha suscitado particular atención en cuanto ha sido producido por las políticas implementadas por el Gobierno de la República Dominicana en los últimos cuatro años. En 2013, con la sentencia 168/13 —decisión que cambió retroactivamente la normativa en vigor desde 1929—[9], el Gobierno dominicano retiró la nacionalidad a cerca de 250 000 personas dominicanas de origen extranjero, sobre todo haitiano. La medida hizo crecer de manera considerable el número de migrantes extranjeros dentro del territorio y ha agravado la falta de protección legal desde el momento en que se les han arrebatado todos los derechos vinculados a la ciudadanía. Después de esta intervención tan drástica, al año siguiente la sentencia se convirtió en ley; la normativa habría debido atenuar el impacto del mecanismo arriba descrito, pero su entrada en vigor no obtuvo los resultados esperados.

Posteriormente, en 2015, el Gobierno dominicano lanzó un «Plan Nacional de Regularización de Extranjeros» (PNRE) a fin de que los migrantes presentes en el país de forma estable pudiesen regularizar su estatus de residentes. No obstante, la ejecución de este plan se ha encontrado con muchos obstáculos. Así, muchos inmigrantes no han podido acceder a tiempo a la regularización, y las personas que lograron registrarse han sido solamente unas 288 000: una cifra importante en términos absolutos, pero no si se piensa en lo numerosa que es la población haitiana en la República Dominicana. A esta situación se agregan las reiteradas violaciones de la prohibición de deportaciones durante la ejecución del PNRE: deportaciones que se han efectuado sin control alguno.

Como si eso no bastara, más allá de las flagrantes violaciones de los derechos de la población haitiana, han comenzado a extenderse prácticas xenófobas muy evidentes que han dado a las personas de origen haitiano más motivos para abandonar la República Dominicana y buscar otros lugares con mayores oportunidades económicas, como por ejemplo Brasil y Chile, donde, sin embargo, los migrantes deben enfrentar no solo la falta de reconocimiento legal, sino también la diferencia lingüística y la falta de reconocimiento cultural y social. En el último año la crisis económica y política de Brasil ha llevado a privilegiar la migración hacia Chile, si bien es posible encontrar migrantes haitianos en tránsito en América Central y en Colombia.

Entre Colombia y Venezuela

En los años precedentes, los flujos migratorios en esta zona estaban determinados por el conflicto armado colombiano y por sus consecuencias en cuanto a desplazamientos internos y migraciones hacia los países vecinos en busca de protección internacional. No obstante, actualmente los flujos están cambiando, en particular después del cierre de las fronteras por parte del Gobierno venezolano, disposición que ha desatado una grave crisis humanitaria.

Desde julio de 2015 las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo más de 135 operaciones, incluidas algunas redadas en las comunidades populares, en el marco de la «Operación de Liberación y Protección del Pueblo» (OLP): una intervención que después se ha traducido en deportaciones que alcanzaron su punto más álgido en agosto de 2015. Cabe destacar que este tipo de intervención ha sido justificada de dos maneras: con la lucha contra las bandas criminales, que acrecientan la tasa de violencia en Venezuela, y con la liberación del país de grupos armados y políticos de derecha.[10]

Según el último informe acerca de la situación humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela preparado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de Naciones Unidas, de los 24 292 colombianos retornados a su patria, 1950 son considerados como deportados. Más en detalle, la distribución en los distintos departamentos es la siguiente: Norte de Santander: 18 770 repatriados y 1 109 deportados; Vichada: 193 repatriados y 1 deportado; La Guajira: 1 938 repatriados y 739 deportados; Arauca: 1 441 repatriados y 101 deportados. En otras palabras, muchas de estas personas habían emigrado a causa del conflicto armado en Colombia y, al ser repatriados, no se respetó su estatus de refugiados, lo que violó así sus derechos y la legislación que los protege.

Del lado venezolano resulta sorprendente que, dada la coyuntura política, económica y social del país, se haya iniciado un flujo de venezolanos hacia Colombia a pesar del cierre de la frontera por parte del Gobierno de Caracas. Si bien no hay en Venezuela un conflicto armado explícito, la gente decide emigrar a causa de la crisis económica, de la escasez de alimentos, del nivel de violencia, de la radicalización política y de la sensación de no tener ninguna perspectiva en el propio país.

América del Sur: flujos intrarregionales y «migraciones circulares»

Por lo que respecta al sur de América Latina, los principales países de destino de los diferentes flujos migratorios son Brasil, Chile y Argentina. Esta parte del continente se ha caracterizado históricamente por tener flujos intrarregionales motivados por la presencia de pueblos indígenas que habitan en una región —la del Altiplano— que trasciende las fronteras estatales, así como por las dinámicas económicas ligadas a la demanda de mano de obra. Esto es lo que puede observarse en los puestos fronterizos: un ejemplo es el paso de Chacalluta-Santa Rosa, en la frontera entre Chile y Perú, donde los peruanos van a Arica para trabajar y los chilenos se dirigen a Tacna para consumir bienes y para hacer uso de los servicios y curas médicas aprovechando el tipo de cambio favorable. Del mismo modo, entre Tacna y Arica, o también entre Arica y Oruro o La Paz, es normal encontrar una «migración circular» que transita diariamente de un lado al otro de la frontera por razones laborales y económicas.

No obstante, esta tendencia natural de la movilidad humana en la región tiene excepciones. La extensión de la Amazonia y los puestos fronterizos como Desaguadero —entre Perú, Chile y Bolivia—, que carecen de controles, se han convertido en corredores muy frecuentados por los migrantes rechazados en otras partes y por las víctimas de la trata de seres humanos, principalmente afrocolombianos y dominicanos, hombres y mujeres: flujos que representan un reto importante para los varios países implicados.

Del mismo modo, después del terremoto de Haití en 2010, el número de ciudadanos haitianos que ha dejado el país a causa de la crisis humanitaria y política ha crecido de manera exponencial. La cifra de los haitianos que se encuentran en Brasil se calcula en 80 000 y, si bien no hay estudios o datos oficiales, el Servicio Jesuita a Migrantes – Chile (SJM-Chile) acoge a cada vez más haitianos que llegan de Brasil. Estos migrantes afirman que, aunque en su país encuentran menos xenofobia que en Chile, allí las oportunidades de trabajo siempre son menores.

De las fronteras como «límites» a las fronteras como «puentes»

Tal como se intuye a partir de este rápido trávelin frente a algunos de los principales flujos migratorios en América Latina, la dinámica de las migraciones es en sí compleja, y sus causas y consecuencias son diversas, aunque está claro que, paradójicamente, se van consolidando tanto políticas de libre comercio como políticas migratorias restrictivas. Esto significa que nos encontramos frente a una globalización a medias que, combinada con las dinámicas de la economía ilegal —tráfico de drogas, trata de seres humanos, contrabando de armas, etc.—, termina por agravar precisamente las situaciones sociales críticas que están en el origen de los crecientes flujos migratorios.

Aunque estamos lejos de ver una solución a estos procesos, comenzamos a identificar desafíos enormes que nos invitan a dejar de concebir las fronteras como límites que generan diferencias, separan y, a veces, oponen a las poblaciones entre sí, y a empezar a pensar esas mismas fronteras como puentes de interacción que permitan la formación de «sujetos transfronterizos», abiertos a las dinámicas interculturales, protagonistas de su territorio y que contribuyan a una sociedad justa, inclusiva y fraterna.

[1] El texto está escrito y concebido a partir de los estudios y de la experiencia de la «Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe» (RJM-LAC).

[2] R. Córdova Alcaraz y P. Castaño Acosta, Migración, desarrollo y derechos humanos: la articulación como base para transformar la realidad social en América Latina y el Caribe, Informe Regional LAC 2015 del proyecto MADE (Migración y Desarrollo), mayo 2015, p. 16 (puede descargarse de http://madenetwork.org).

[3] ACNUR, Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2015: forzados a huir, 2016. Cf. www.acnur.org.

[4] Cf. Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), Las migraciones en las fronteras en Iberoamérica, ed. A. Ares Mateos y J. Eguren Rodríguez, Madrid, Comillas, 2016 (puede descargarse de http://www.comillas.edu/es/publicaciones-obimid/las-migraciones-en-las-fronteras-en-iberoamerica).

[5] Ibíd.

[6] Nombre utilizado convencionalmente para identificar la región que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador.

[7] Cf. OBIMID, Las migraciones en las fronteras en Iberoamérica,op. cit., p. 116.

[8] Según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana, realizada por Naciones Unidas en 2012.

[9] Cf. R. Córdova Alcaraz y P. Castaño Acosta, Migración, desarrollo y derechos humanos, op. cit., 20s.

[10] Cf. Servicio Jesuita a Refugiados Colombia – Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe, Balance de la situación en la frontera posterior a la emergencia humanitaria, 2016, p. 4.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here