En el siguiente artículo de Giovanni Sale, volvemos a abordar el tratamiento que de la inmigración viene haciendo el ejecutivo estadounidense desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. Con el argumento de la salvaguarda de la seguridad nacional, en enero y marzo de 2017, Trump firmó sendas órdenes ejecutivas destinadas a restringir la entrada a Estados Unidos de musulmanes procedentes de determinados países.

El denominado por la prensa muslim ban, ha sido enfrentado desde la sociedad civil y también desde la magistratura estadounidense. Sentencias como la de la juez federal de Nueva York ordenando la suspensión de las órdenes ejecutivas, o la del juez federal de Seattle, James Robart, en la misma línea, son ejemplos de la aplicación del principio montesquiano de separación de poderes.

Por Giovanni Sale S.I.

Donald Trump y la magistratura estadounidense.

El 6 de marzo de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impedir la entrada al país de viajeros musulmanes provenientes de seis naciones: Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Esta orden es la segunda versión de una orden ejecutiva precedente fechada el 27 de enero pasado. Respecto del decreto precedente, bloqueado por el tribunal federal de San Francisco, este no enumera entre los países de proveniencia a Iraq. Además, y a diferencia del anterior, tendrá efecto sobre quien pida nuevos visados de entrada a Estados Unidos, mientras que no afecta a los visados ya entregados.

¿Qué significado y qué efectos tiene este muslim ban [prohibición de los musulmanes], como lo ha definido la prensa y que ahora ha sido actualizado? Podemos regresar al 27 de enero.

Sin duda, es la orden ejecutiva más controvertida entre las emitidas hasta ahora por el 45.º presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. La disposición, considerada por muchos analistas como inconstitucional y contraria a los «principios estadounidenses de acogida y libertad», ha suscitado una oleada de protestas no solo entre los intelectuales «liberales», sino también en amplios sectores de la opinión pública estadounidense, como también, insólitamente, en el mundo de las grandes empresas multinacionales, donde la presencia de empleados provenientes de países de mayoría musulmana es a menudo considerable y valiosa. La orden ejecutiva también ha sido unánimemente condenada por los jefes de Gobierno de los mayores países occidentales, mientras que los países árabes, aunque afectados por el ban, han preferido mantener un perfil bajo respecto del hecho.

La disposición ya había sido anunciada días antes, cuando se había emitido otra orden ejecutiva que daba inicio a la construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México con el fin de bloquear la inmigración ilegal procedente de América del Sur. Las cuestiones relativas a la inmigración y la seguridad nacional habían sido agitadas durante la campaña electoral, y a estas había apuntado Trump para obtener el consenso de una parte de la clase media, empobrecida por la crisis económica y por el desarrollo de la economía global y del electorado «nativista», que se sentía amenazado por los «latinos» y por el terrorismo islámico, cuya peligrosidad había sido amplificada con fines electorales.

Muchos observadores eran de la opinión de que Trump, una vez convertido en presidente, iba a moderar su lenguaje y a abandonar sus proyectos más provocadores. Según se decía, pasaría a ser más «presidencial» y pragmático y, en cualquier caso, permanecería sujeto a los vínculos institucionales de los «pesos y contrapesos», como la Magistratura y el Congreso, que es de mayoría republicana y que, por el momento, sigue pasivamente los primeros pasos del nuevo presidente.[1] Hasta ahora estos contrapesos han funcionado solo en parte. Otros, como, por ejemplo, la prensa —considerada el «cuarto poder»—, han sido simplemente demonizados y escarnecidos por el presidente.

Las disposiciones del Muslim ban y la construcción del muro en la frontera con México

Trump considera las disposiciones del muslim ban como medidas extraordinarias y necesarias para la seguridad nacional. La medida disponía que la admisión de los refugiados en Estados Unidos se suspendida durante 120 días, y ello a pesar de que las normas que reglamentan esa materia son muy severas y rigurosas y las condiciones para recibir el permiso de entrada al país son muy estrictas: los tiempos exigidos para examinar la documentación de los solicitantes de asilo suelen oscilar entre 18 y 24 meses. Específicamente, se había suspendido todo el programa de asistencia a los prófugos sirios, impidiendo así que quienes huyen de la guerra encuentren refugio en otro país. Además, en la orden ejecutiva se pedía que en la acogida se diese prioridad a los refugiados de una religión minoritaria del país del que provienen. En la práctica, la disposición tendía a favorecer a los prófugos cristianos, porque se los consideraba en desventaja en comparación con los otros.[2] En cualquier caso, el número total de refugiados en Estados Unidos para 2017 había sido fijado en una cifra no superior a los 50 000, contra los 100 000 fijados por Obama el año anterior. Además, se ha dispuesto una revisión general de los criterios de aceptación de los prófugos en los distintos estados.

La disposición más controvertida, que ha dado origen a la definición de muslim ban, es la prohibición de entrar a Estados Unidos durante 90 días a los ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana, a saber, Irán, Iraq, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen. Esa medida afecta también a los ciudadanos de estos países que tienen doble nacionalidad o que han sido beneficiados con una green card, es decir, con una autorización gubernamental para residir en Estados Unidos por un período ilimitado, que suele preceder también a la concesión del derecho de ciudadanía.

A fin de hacer frente a las críticas provenientes de exponentes de su propio partido y a los movimientos de protesta organizados en los mayores aeropuertos estadounidenses, Trump había declarado que la orden ejecutiva no tenía la intención de afectar a los musulmanes, sino solo a los terroristas que podían llegar a Estados Unidos procedentes de los países indicados en la prohibición. A ese propósito, el presidente había hecho reiterada referencia al atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Hay que señalar, sin embargo, que Arabia Saudita —aliada de Estados Unidos—, patria de 15 de los 19 terroristas que actuaron en ese ataque, no ha sido incluida en la lista negra, como tampoco Túnez, de donde partió el mayor número de voluntarios para combatir en las filas del Estado Islámico.

Como veremos, la actualización del 6 de marzo ha modificado, aunque solo en parte, algunas disposiciones de la orden ejecutiva.

Pero ¿cuántos son los refugiados musulmanes acogidos en Estados Unidos en los últimos 15 años? Según fuentes oficiales, su número oscila entre los 6 891 de 2001 y los 44 396 de 2016. Cabe recordar que este dato comprende a ciudadanos musulmanes de todo el mundo, y no solo a los provenientes de los países indicados por la disposición. En los últimos dos años, los inmigrantes provenientes de esos Estados representan solamente el 2 % del total de las personas acogidas.[3]

Días antes, el 25 de enero, Trump había firmado la orden ejecutiva para dar inicio a la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. «Un país sin fronteras —comentó el presidente inmediatamente después— no es un país. Los días en que los criminales y los traficantes de drogas entran libremente a Estados Unidos han terminado. La Casa Blanca y el Departamento de Estado para la Seguridad Interior comenzarán de inmediato la construcción del muro». En el curso de la misma intervención, el nuevo presidente afirmó que la medida permitirá salvar miles de vidas humanas y crear nuevos puestos de trabajo. Estos beneficios —prosiguió— se extenderán también a México, que podrá contener más fácilmente la inmigración ilegal de América Central.[4]

Una segunda orden ejecutiva firmada por Trump prevé, además, la concesión de más poder a las autoridades policiales para actuar contra los inmigrantes irregulares, como también la erogación de fondos para la creación de espacios de detención más amplios a lo largo de la frontera. De este modo se pondrá fin —declaró el presidente— a la política de «captura y liberación» practicada durante el gobierno de Obama. Además, el Estado no concederá más financiación a las llamadas «ciudades santuario» situadas a lo largo de la frontera, que, según se considera, protegen los tráficos ilegales.

Cabe recordar que una suerte de barrera que divide Estados Unidos y México existe desde hace mucho tiempo, pero que el proyecto de Trump es otra cosa: es la construcción de una obra ciclópea —que hasta ahora todos consideraban irrealizable—, que requiere una ingente financiación que deberá ser aprobada por el Congreso. Tal como prometió durante la campaña electoral, el coste del muro no pesará sobre los contribuyentes estadounidenses, sino sobre los mexicanos. Tras manifestar el Gobierno de México su no disposición para soportar ese gasto, Trump ha amenazado con poner un impuesto aduanero muy alto (20 %) a todos los productos que se importen de México.

Según la oficina del censo, entre 2010 y 2014 los inmigrantes irregulares en Estados Unidos ascendían a unos 11 millones, 6 millones provenientes de México.[5] Como se ha dicho, el muro afectaría no solo a los mexicanos, sino a todos los migrantes de América Latina, en particular a los que provienen de El Salvador, Cuba y Guatemala.

El 21 de febrero, el secretario para la seguridad nacional, John Kelly, dictó dos directivas: la primera invita a los funcionarios de las agencias para la inmigración a reforzar y hacer más incisivas las actividades propias; la segunda prevé la creación de 10 000 nuevas plazas de funcionarios para la inmigración y de 5 000 nuevos agentes de policía de frontera. El fin de estas medidas es dar inicio a la expulsión de los 11 millones de inmigrantes ilegales que se estima hay en EE.UU.[6]

Según algunas agencias (4 de marzo), el Departamento de Seguridad Nacional, con el fin de «desalentar» la inmigración irregular —en particular, la llegada de madres con sus hijos— está evaluando la propuesta de separar a mujeres e hijos que atraviesen juntos la frontera sur de Estados Unidos. La medida permitiría al gobierno tener en estructuras de detención ad hoc a las madres o a ambos padres mientras no se sepa si serán repatriados o si podrán ser escuchados para resolver una solicitud de asilo. Entretanto, los menores serían confiados a los servicios sociales del Ministerio de Sanidad en espera de ser dados en custodia a un pariente que viva en Estados Unidos o a un tutor. Eso evitaría —así reza la propuesta— que los menores que entran ilegalmente a Estados Unidos sean «explotados o convertidos en objeto de abuso». Pero eso no es más que un pretexto y, en cualquier caso, con ello se violarían los derechos de la familia natural.

Las familias de inmigrantes irregulares en espera de respuesta por parte de las autoridades son actualmente liberadas en poco tiempo y se les permite permanecer unidas mientras su caso se resuelve. Como declarara Christina Fiallo, directora de las Community Initiatives for Visiting Inmigrants, si esta propuesta fuese acogida podría estar en contradicción con la Constitución estadounidense —en particular con la V Enmienda—, pero también con las leyes internacionales en materia de tutela de los menores y de la maternidad, aparte de estar reñida, desde luego, con los más elementales sentimientos de humanidad.

El conflicto entre Trump y la Magistratura

El llamado muslim ban fue inmediatamente impugnado ante los jueces por las partes afectadas y por las asociaciones que las representan. Se inició así una controversia judicial entre la Magistratura estadounidense y el presidente. Este conflicto todavía está en curso.

El 28 de enero, una juez federal de Nueva York ordenó la suspensión de emergencia de los actos ejecutivos del presidente sobre la inmigración, en particular la medida que, por motivos de seguridad nacional, prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos pertenecientes a los siete Estados indicados en el ban. Esa causa ha sido respaldada por importantes empresas multinacionales, como Amazon o Expedia, que emplean a muchos trabajadores extranjeros y se consideran económicamente perjudicadas por la medida del presidente. Otras acciones judiciales han sido presentadas ante los jueces federales de Massachusetts, de Virginia y del estado de Washington. Además, los procuradores generales de 16 estados han difundido una nota conjunta en la que impugnan la legitimidad de la orden ejecutiva y se comprometen a trabajar para que «el menor número posible de personas sufra por la caótica situación que se ha creado».[7]

La juez de Nueva York emitió un emergency stay que prohíbe a escala nacional que los ciudadanos de los siete países indicados sean devueltos a sus países de origen, y ello con el fin de impedir que se provoquen daños «irreversibles» a las personas. Después de estos hechos, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, aun defendiendo la orden ejecutiva del presidente, procuró hacer una interpretación restrictiva, afirmando que solo una pequeña parte de los viajeros que provienen de los países indicados en la disposición han sido detenidos y que, en todo caso, la medida no ha sido aplicada a quienes estaban en posesión de la green card.[8]

La orden ejecutiva fue criticada no solo por las organizaciones humanitarias, por la prensa «liberal» y por la mayor parte de las comunidades e Iglesias cristianas —varios obispos católicos se expresaron en contra de la prohibición—,[9] sino también por algunos autorizados exponentes del Partido Republicano. El senador Mitch McConnell, al comentar la medida para la emisora ABC, afirmó que «reforzar los controles sobre la inmigración es algo bueno, pero que, al mismo tiempo, es necesario recordar que algunas de nuestras mejores fuerzas para combatir el terrorismo islámico son musulmanes, tanto en este país como en el exterior».[10] Otros senadores, como McCain y Graham, afirmaron que, seguramente, la orden ejecutiva no garantizará la seguridad nacional, sino que solo servirá para contribuir al reclutamiento de terroristas tanto en los países islámicos como en los no islámicos.

El choque entre la Magistratura y la Presidencia se ha hecho más claro después de la sentencia emitida el 3 de febrero por el juez federal de Seattle, James Robart, que ordenó la suspensión temporal de la medida en todo el territorio nacional. El veredicto fue motivado por el hecho de que ningún ataque en suelo estadounidense fue realizado por personas de los países citados en el decreto y de que este no se basa en «hechos probados».[11] Además, según la sentencia, la medida es contraria a la Constitución al privilegiar a los inmigrantes cristianos respecto de los pertenecientes a otras religiones. Para evitar un conflicto institucional, el Departamento de Estado ha dado instrucción a los «puertos de entrada» para que respeten la decisión del juez federal y dejen entrar a Estados Unidos a los pasajeros que provienen de los países indicados en la lista negra que estén en posesión de un visado válido, siempre que no sean peligrosos para la seguridad nacional.

Hay que recordar que en la historia estadounidense ya ha habido conflictos entre la Casa Blanca y la Magistratura. En los últimos años esto mismo se ha producido en cuestiones relativas a la aplicación de la reforma sanitaria o a la admisión en las Fuerzas Armadas de candidatos que se identifican como homosexuales. En estos casos, la reacción de Obama siempre fue respetuosa con los derechos de las personas y con la autonomía de los jueces. No ha sido así, en cambio, la respuesta de Trump, que procuró desacreditar a través de Twitter al juez Robart, quien, siendo magistrado federal, es de nombramiento presidencial y cuyo cargo —vitalicio— ha sido aprobado por el Congreso.

«La opinión de este supuesto juez —tuiteó Trump el 4 de febrero—, que impide sustancialmente la aplicación de la ley en nuestro país, es ridícula y será anulada». Al día siguiente, el presidente regresó al mismo tema para afirmar —siempre a través de un tuit— que todo el sistema judicial iba a ser responsable de eventuales ataques terroristas en el futuro: «No puedo creer que un juez ponga en semejante peligro a nuestro país. Si sucede algo, echadle la culpa a él y al sistema judicial». En este caso, Trump desconoce la autoridad y autonomía de los jueces que pronuncian sentencias contrarias a las elecciones del presidente, impugnando así el fundamento mismo de la democracia estadounidense, basada en la independencia de los poderes del Estado.[12]

Inmediatamente después, la Casa Blanca impugnó la sentencia del juez Robart ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno, con sede en San Francisco, que rechazó la petición de la Administración Trump de reintroducir la medida censurada. Los tres jueces afirmaron por unanimidad que la medida no refuerza la seguridad nacional y que la Administración no ha dado «prueba alguna» de que un ciudadano de los siete países incriminados haya cometido actos de terrorismo en Estados Unidos. Además, la sentencia desautoriza la posición según la cual el presidente de Estados Unidos goza de absoluta independencia y libertad en el tema de la tutela de la seguridad nacional. Los jueces consideraron que, también en esta materia, las decisiones del presidente —cuando se cuestionan derechos garantizados por la Constitución— están sujetas al poder judicial. Trump comentó secamente la sentencia, también a través de Twitter, y escribió: «Nos vemos en el Tribunal. Está en juego la seguridad de nuestra nación».

Pero Trump, en lugar de recurrir al Tribunal Supremo —que actualmente está compuesto por ocho jueces, cuatro conservadores y cuatro demócratas (el noveno acaba de ser nombrado, pero no ha recibido aún la aprobación del Senado)—, firmó el 6 de marzo una orden ejecutiva que debió haber entrado en vigor el 14 de ese mes, y que un juez federal de Hawai bloqueó cautelarmente. En lo sustancial, esta nueva orden retoma la del 27 de enero, con algunas modificaciones: 1) Los países prohibidos ya no son siete, sino seis: Iraq ha sido excluido de la lista negra. «Esta elección —dijo un colaborador del presidente— se debe a sus [de Iraq] severos procedimientos de verificación y a las medidas de transmisión de la información», 2) El nuevo decreto especifica que quienes estén en posesión de visados y de green cards estarán protegidos y podrán viajar a Estados Unidos; 3) Los refugiados sirios serán tratados como todos los demás solicitantes de asilo, por lo que su petición quedará suspendida durante 120 días. En cualquier caso, también esta medida ha sido considerada por el líder demócrata Chuck Schumer como «antiamericana» y, al igual que la anterior, fue objeto de numerosas críticas.

La recepción de la orden ejecutiva de Trump

Trump no espera en esta materia ningún tipo de apoyo por parte de las democracias del otro lado del océano, para con las cuales ya tuvo palabras poco halagüeñas durante la campaña electoral. En varias ocasiones se expresó contra la Unión Europea diciendo que no comprende su utilidad y declaró su apoyo al brexit y, en general, a los partidos antieuropeístas.

En el tema de la inmigración, criticó la decisión de Angela Merkel de acoger a un gran número de prófugos sirios y considera que, en esta materia, Europa no tiene nada que enseñarle a Estados Unidos. Más aún, parece ser que el presidente también ha planteado la hipótesis de limitar la entrada a Estados Unidos a algunas categorías de ciudadanos europeos. De hecho, tras la decisión de la juez federal de Nueva York, Trump comentó en Twitter: «Nuestro país necesita fronteras fuertes y controles rígidos ahora mismo. Mirad lo que está sucediendo en Europa y, más aún, en el mundo. Un horrible caos». A fin de obtener el consenso de quienes lo apoyan, Trump a veces tiende a exagerar los tonos de su comunicación y a plantear la hipótesis de situaciones catastróficas.

La canciller Merkel comentó la medida de Trump para afirmar que «la necesaria y decidida lucha contra el terrorismo no justifica colocar bajo sospecha generalizada a personas de un determinado origen o de una determinada fe». La primera ministra británica, Theresa May, primera jefa de Gobierno recibida en la Casa Blanca durante esta Administración, tuvo que afirmar que «no está de acuerdo» con la medida del presidente estadounidense, e hizo declarar por su ministro de Asuntos Exteriores que, en cualquier caso, el Reino Unido iba a proteger los derechos de sus ciudadanos en la patria y en el exterior. En cambio, el presidente Hollande invocó la «firmeza» del Viejo Continente en el diálogo con Trump y dijo, además, que el proteccionismo y las políticas restrictivas de las libertades personales «no forman parte del ADN europeo». El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, afirmó en Twitter: «Italia está anclada a sus propios valores. Sociedad abierta, identidad plural, ninguna discriminación. Son los pilares de Europa». Además, Pierre Trudeau, primer ministro canadiense, respondió invitando a los prófugos a que vayan a Canadá: «Aquí seréis bienvenidos».

En el ámbito internacional, la condena más dura de la orden ejecutiva llegó el 30 de enero por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien afirmó que la discriminación a partir de la nacionalidad está prohibida por las leyes sobre derechos humanos y que «la prohibición estadounidense es mezquina y desperdicia recursos necesarios para la lucha contra el terrorismo».

De todos modos, las protestas de las mayores democracias del mundo no preocupan demasiado a Trump. Como escribe Federico Rampini, él podría señalar en su activo el silencio-asentimiento de Rusia y de China, «que no lo han esperado para adoptar métodos fuertes contra el fundamentalismo islámico de chechenos y uygures».[13]

También el mundo de la producción, al que Trump no es por cierto indiferente, ha condenado de manera unánime el llamado muslim ban. Las grandes empresas estadounidenses reciben desde hace medio siglo su mano de obra y también el personal más cualificado de un mercado de trabajo que se ha hecho global. Sin duda, la propuesta de crear barreras étnico-religiosas puede resultar perjudicial para los negocios y, por tanto, preocupar al establishment económico, aunque, en este caso, en la protesta hay algo más: una apelación a los valores morales que provienen de muchos emprendedores y banqueros, ellos mismos inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Por último, ¿cómo se ha recibido el ban en el mundo árabe y, en particular, en los países a cuyos ciudadanos se les ha prohibido la entrada a Estados Unidos? El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, se ha manifestado «profundamente afectado por las injustificadas restricciones» adoptadas por Trump frente a los ciudadanos de siete países islámicos,[14] y denuncia los posibles «efectos negativos» que este acto de discriminación puede provocar. Entre los países afectados, solo Irán ha condenado con fuerza la medida. El presidente Hasán Rouhaní declaró que hoy el mundo necesita reconciliación y convivencia, y no exigir muros entre las naciones. En cuanto a la concesión de los visados, su Gobierno decidió adoptar «el principio de reciprocidad» previsto por las costumbres internacionales.

En cambio, la medida estadounidense fue recibida favorablemente por los países árabes aliados de Occidente, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos,[15] Egipto y Siria. En una entrevista reciente, el presidente Assad declaró que «si Trump ha decidido combatir de verdad a los terroristas, entonces será nuestro aliado natural, junto a rusos, iraníes y a muchos otros países», y eso con prescindencia del ban o de otras cosas. Para Arabia Saudita y para Egipto —que, cada uno a su modo, se presentan como protectores del mundo sunita—, el apoyo a la medida de Trump tiene también un valor estratégico. Para ellos es significativo que, aun a pesar del reciente acuerdo con Irán sobre el tema nuclear, esta gran potencia chiita figure entre los países afectados por la orden ejecutiva, puesto que, de ese modo, el perfil político y moral de Irán en el plano internacional disminuiría.

Ni siquiera «las plazas árabes» han reaccionado con fuerza a la medida dispuesta por Trump, como muchos temían. No se han visto manifestaciones populares ni ha habido, como en otras circunstancias, discursos de líderes políticos o pronunciamientos de religiosos. Según Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí naturalizado francés, esta situación de pasividad frente a la prohibición es humillante. No conforta constatar que los musulmanes de todo el mundo —escribe— no expresen su solidaridad con los otros musulmanes discriminados.[16]

Conclusión

Tanto a la luz de nuestra cultura jurídica y política, fundada en el respeto de los derechos humanos, como también al considerar los aspectos más pragmáticos de la cuestión, no es fácil comprender el sentido y la utilidad de esta medida, tampoco desde la perspectiva de la tutela de la seguridad nacional a la que Trump hace referencia. Y por ese motivo presentamos aquí una serie de consideraciones.

Estados Unidos posee un sofisticado sistema de controles para examinar el estatus de los solicitantes de asilo o de los migrantes que entran en el territorio nacional. Estos controles se activan generalmente a gran distancia. En cualquier caso, también por motivos de orden geográfico es más difícil entrar a Estados Unidos que a cualquier otro país occidental. En realidad, la prohibición de Trump, si fuese a reactivarse, afectaría sobre todo a las víctimas inocentes del terrorismo y a las personas que huyen de las guerras y que lo han perdido todo: y son guerras, no hay que olvidarlo, en las que, en un pasado reciente, Estados Unidos ha sido protagonista en diversos países de Oriente Medio, con el fin de defender —como así ha ocurrido varias veces— su interés nacional, como en Afganistán, en Iraq y, de alguna manera, también en Libia. Como es sabido, estos acontecimientos han desestabilizado la región y han obligado a millones de personas a convertirse en refugiadas, yendo a Turquía, a Jordania, a Líbano y, por último, a Europa. Estados Unidos no puede desentenderse de estas historias ni impedir entrar en el país, como pretende Trump, a un número exiguo de perseguidos.

Hay que recordar, además, que la mayoría de los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001 han sido realizados por ciudadanos estadounidenses —de origen extranjero—, es decir, por terroristas que ya vivían en el país. Estos, en efecto, no entran en el país como turistas. Tienen sus redes y sus células ya presentes en el territorio; a menudo son individuos aislados, los llamados «lobos solitarios», que toman por sí mismos la iniciativa de hacer daño a personas inocentes. Además, muchos analistas políticos han hecho notar cómo han quedado excluidos de la prohibición países en los que los movimientos islamistas son muy poderosos, como Pakistán, Afganistán y Arabia Saudita. Hay quienes han insinuado que el presidente-empresario ha olvidado intencionadamente a esos países donde sus empresas tienen intereses comerciales.[17]

En suma, como dijeron varios comentadores, la orden ejecutiva de Trump, también en su nueva versión, cuestiona algunos valores fundamentales, como los de acogida y de la solidaridad entre los pueblos, que forman parte de la cultura y de la historia estadounidense. Si esa orden se reactivara, correría el peligro de marcar el fin del papel de Estados Unidos como país líder en la defensa de valores humanitarios. Además, en lugar de proteger al país del terrorismo, lo expondría a la propaganda islamista y al peligro de atentados contra ciudadanos estadounidenses en todas las partes del mundo.[18]

[1] Cf. M. Gaggi, «Gli equilibri del potere alla prova di Trump», en Corriere della Sera, 1 de febrero de 2017.

[2] Cf. A. Cappuccio, «Muslim ban: cos’è e cosa prevede il provvedimento di Trump», en http://news.leonardo.it/muslim-ban-cose-e-cosa-prevede-il-provvedimento-di-trump/, 30 de enero de 2017.

[3] Cf. «Immigrazione e lavoro negli Stati Uniti», en www.limesonline.com/carta-immigrazione-e-lavoro-negli-stati-uniti/97109, 17 de febrero de 2017.

[4] Cf. «Trump firma l’ordine per costruire il muro con il Messico. Stretta sui visti», en http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-25/trump-annuncia-muro-col-messico–101558.shtml, 25 de enero de 2017.

[5] Cf. «Immigrazione e lavoro negli Stati Uniti», op. cit.

[6] Según estas directivas, en la expulsión deberá darse prioridad a las personas condenadas o procesadas, si bien las líneas maestras también abren el camino a la expulsión de personas sin antecedentes penales, detenidas por infracciones mínimas, como conducir sin licencia. Hay que subrayar que hasta ahora el récord de expulsiones lo tiene la Administración Obama: en 2016 fueron más de 90 000, aunque eran personas condenadas por delitos graves y que habían entrado en Estados Unidos solo poco tiempo antes. Cf. B. Bennett y Q. Wiber, «Giro di vite di Trump sull’immigrazione», en Internazionale, 24 de febrero de 2017, p. 22.

[7] M. Valsania, «Immigrati, giudice Usa ferma Trump. La Casa Bianca fa retromarcia sulle green card», en http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-29/giudice-blocca-deportazioni-ordinate-trump-che-insedia-l-alt-right-bannon-sicurezza-nazionale-050045.shtml, 29 de enero de 2017.

[8] Ibíd.

[9] Cf. A. Riccardi, «La Chiesa resterà unita nell’epoca di Trump», en Corriere della Sera, 4 de febrero de 2017.

[10] Ibíd.

[11] «La orden presidencial afecta negativamente a los residentes de los estados [demandantes: Washington y Minnesota] en las áreas de la ocupación, la instrucción, los negocios, las relaciones familiares y la libertad de viajar […] Además, los mismos estados se ven perjudicados por el impacto en las operaciones de sus universidades públicas e instituciones de enseñanza superior» (M. Valsania, «Giudice Usa blocca l’ordine esecutivo su immigrazione. Trump: “Ridicolo”», en http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-02-04/giudice-blocca-ordine-immigrazione-trump-tutti-usa-casa-bianca-vergognoso-055043.shtml, 4 de febrero de 2017).

[12] Cf. J. Fener, «Donald Trump contro tutti», en Internazionale, 10 de febrero de 2017, p. 25.

[13] F. Rampini, «Il mondo isola Trump. Critiche dai leader ma il vero ostacolo sono le imprese», en La Repubblica, 30 de enero de 2017.

[14] Como ya se ha comentado, según la nueva orden ejecutiva, del 6 de marzo, Iraq queda excluido.

[15] El jefe de seguridad de Dubai comentó la orden ejecutiva de Trump escribiendo en Twitter: «Apoyamos completamente el edicto de Trump que prohíbe la entrada a personas que podrían crear problemas para la seguridad estadounidense». Cf. C. Cornet, «Perché il divieto di Trump piace a molti paesi musulmani», en Internazionale, 8 de febrero de 2017.

[16] Por el contrario, sería normal que «indignados por el racismo en versión Trump, reaccionaran juntos y juntos manifestaran su rechazo a esta América tomada como rehén por lo peor que ella misma tiene» (T. Ben Jelloun, «Nelle scelte di Trump l’odio come politica», en La Repubblica, 3 de febrero de 2017.

[17] G. Olimpio, «Trump chiude gli Usa ai rifugiati. Proteste e caos negli aeroporti», en Corriere della Sera, 29 de enero de 2017.

[18] «La fuerza de Estados Unidos —escribe a este respecto David Miliband— se basa en el hecho de que este es un puerto de libertad, una tierra de oportunidades […]. Día triste será aquel en que los mitos y los temores ocupen el lugar de los hechos y de la historia. Esta decisión es un regalo para los propagandistas que odian Occidente y va contra las tradiciones de Estados Unidos como comunidad multirreligiosa» (V. Mazza, «Miliband: “Una scelta contro la tradizione dell’America pluralista”», en Corriere della Sera, 20 de enero de 2017).

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